En las VTALKS organizadas por Vecinos Felices, el sector propuso abordar la vivienda con una visión a 30-50 años que garantice estabilidad en suelo, financiación, construcción y acceso, además de fijar plazos máximos para resolver las licencias y estudiar el silencio administrativo positivo cuando estos se incumplan.
El encuentro contó con la participación de Mercedes Blanco González, CEO de Vecinos Felices y partner de Fincas Blanco como moderadora y panelista, junto a Jesús Sánchez García, consejero del CGAE; José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Catalunya.
España necesita un Pacto de vivienda con una vigencia de entre 30 y 50 años que permita planificar la generación de suelo, la financiación, la construcción y el acceso a los inmuebles con independencia de los ciclos políticos. Esta fue una de las principales conclusiones de la cuarta edición de VTALKS 2026, el foro profesional impulsado por Vecinos Felices, celebrado en Cosentino City Barcelona bajo el título “Vivienda y Ley: un escenario en transformación”.
El encuentro reunió a profesionales de los ámbitos jurídico, inmobiliario, empresarial y técnico para analizar los cambios normativos que afectan al mercado residencial y plantear medidas que permitan aumentar la oferta. Entre las principales propuestas destacaron el establecimiento de plazos máximos y silencio positivo para licencias e informes sectoriales, la agilización de la cédula de habitabilidad y una mayor coordinación tecnológica entre administraciones.
El coloquio estuvo moderado por Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y socia directora de Fincas Blanco, y contó con la participación de Jesús Sánchez García, consejero del Consejo General de la Abogacía Española, decano emérito del Colegio de la Abogacía de Barcelona y fundador de FAMILEX, y José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Catalunya.
“La vivienda no la resuelve un solo actor. Desde el sector ya hemos hecho los deberes con propuestas concretas; lo que necesitamos ahora es un pacto que dé certidumbre a quien alquila, compra, construye y gestiona” afirmó Mercedes Blanco durante el encuentro.
Una política de vivienda que no empiece de cero cada cuatro años
Los participantes defendieron la necesidad de alcanzar un Pacto para la vivienda protegida con una visión a 30-50 años, diseñado de acuerdo con la evolución demográfica y apoyado en cuatro pilares: suelo, financiación, construcción y acceso. Este acuerdo debería acompañarse de unas reglas estables para el mercado libre que aporten seguridad a propietarios, arrendatarios, promotores e inversores.
La CEO de Vecinos Felices defendió que las políticas de vivienda cuenten con continuidad, objetivos verificables y una planificación capaz de mantenerse con independencia de los cambios de gobierno.
“No podemos rediseñar completamente la política de vivienda cada vez que comienza un nuevo ciclo político. Generar suelo, financiar promociones, construir nuevos inmuebles y consolidar un parque asequible exige décadas de trabajo y unas reglas que puedan sobrevivir a los cambios electorales”, señaló Mercedes Blanco.
El pacto planteado durante VTALKS 2026 distingue entre la vivienda social destinada a personas en situación de vulnerabilidad y la vivienda asequible que necesitan jóvenes, personas mayores y familias que, pese a disponer de ingresos, tienen dificultades para acceder a los precios actuales.
Plazos máximos para que una licencia no paralice una promoción
La simplificación administrativa fue otro de los principales ejes del encuentro. Los profesionales reunidos reclamaron que las licencias y los informes sectoriales cuenten con plazos máximos de resolución y que se estudie la aplicación del silencio administrativo positivo cuando esos plazos se incumplan. Estas medidas forman parte de las propuestas que el sector ha trasladado a la Generalitat de Catalunya, junto con la incorporación de tecnología a la tramitación, la agilización de la cédula de habitabilidad y una mayor interoperabilidad entre administraciones.
En ese aspecto, José Alberto Marín Sánchez advirtió de las consecuencias que puede tener la aplicación de nuevas normas sobre relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a su entrada en vigor.
“La seguridad jurídica está reconocida en la Constitución española, pero debería reformarse para que ese principio figure en mayúsculas o con una redacción que llame la atención del legislador. La aplicación de las nuevas normas a relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a su entrada en vigor debería ser excepcionalísima y no cotidiano”, afirmó el decano del Colegio Notarial de Catalunya.
Jesús Sánchez García coincidió con este diagnóstico y consideró “muy acertada la propuesta de José Alberto respecto de una reforma legislativa de no cambiar las reglas del juego, habida cuenta que nadie cumple el artículo 9 CE”.
Por su parte, José Alberto Marín Sánchez vinculó la falta de seguridad jurídica con la complejidad de la regulación en materia urbanística y de vivienda: “Una legislación tan farragosa y complicada hace ineficiente el sistema. Debería partirse de cero y promulgar normas que permitan crear suelo y vivienda en el plazo más breve posible”.
Incentivos fiscales y avales públicos para favorecer el alquiler asequible
El acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, constituyó otro de los grandes temas de VTALKS 2026. Durante el encuentro se plantearon medidas fiscales dirigidas a facilitar el acceso a la primera vivienda y a movilizar una mayor oferta de alquiler asequible.
Como referencia para impulsar el alquiler asequible, Jesús Sánchez García señaló la experiencia francesa y propuso “seguir la senda marcada en el 2013 en Francia con la ley Duflot”, incorporando importantes bonificaciones fiscales para los arrendadores y avales públicos que cubran el pago de la renta ante situaciones de vulnerabilidad sobrevenida. El consejero del Consejo General de la Abogacía Española también planteó estudiar una exención tributaria para el acceso a la primera vivienda hasta los 40 años cuando los ingresos sean inferiores a 50.000 euros.
Más vivienda y menos incertidumbre
La cuarta edición del foro concluyó que aumentar la oferta residencial exige actuar simultáneamente sobre el suelo, la financiación, la construcción, la fiscalidad, la rehabilitación y la tramitación administrativa. Frente a medidas aisladas, los profesionales reunidos defendieron una estrategia sostenida durante décadas y respaldada por administraciones, empresas y representantes del sector.
“España no necesita únicamente más normas. Necesita objetivos compartidos, procedimientos que funcionen y la seguridad de que las decisiones adoptadas hoy se mantendrán durante el tiempo necesario para producir resultados”, concluyó Mercedes Blanco.
